Bruselas permitirá que los fabricantes sigan vendiendo coches de combustión más allá del 2035. Pero la revisión del plan afecta de forma importante a las flotas, que se llevan buena parte de la responsabilidad de la reducción de emisiones.
Las presiones de fabricantes y de determinados gobiernos europeos, especialmente de Alemania e Italia, han terminado por difuminar el ambicioso plan de reducción de emisiones para la industria del automóvil.
La Comisión Europea anunciaba ayer una revisión de los estándares de emisiones de CO₂ para coches, furgonetas y vehículos pesados que introduce flexibilidad a los objetivos de 2035, incentiva la producción de vehículos eléctricos asequibles y obliga a las grandes empresas a descarbonizar sus flotas.
Nuevos objetivos
La nueva propuesta permite a los fabricantes seguir fabricando vehículos con motor de combustión más allá de 2035. Así, los fabricantes podrán seguir ofreciendo modelos gasolina y diésel, así como híbridos, híbridos enchufables (PHEV), mild hybrid y autonomía extendida. Eso sí, siempre que formen parte de una combinación ponderada de soluciones para reducir las emisiones promedio.
En primer lugar, a partir de 2035, los fabricantes deberán reducir las emisiones en un 90% (respecto a las de 2021). El 10% restante podrá compensarse principalmente mediante dos mecanismos:
- El de acero bajo en carbono fabricado en la UE, que podrá aportar hasta un 7% de créditos.
- El uso de e-fuels y biocombustibles, que podrán generar créditos de combustible equivalentes de hasta un 3% del objetivo de referencia.
Este enfoque introduce un margen de maniobra para la industria en la consecución de sus metas climáticas, desplazando el enfoque exclusivo hacia la electrificación pura.
Por otro lado, también se han revisado los objetivos anteriores para el segmento de los vehículos comerciales ligeros. Así, el objetivo de reducción de emisiones para 2030 de estos vehículos pasa del 50% a un 40%, ajustando así los plazos.
Supercréditos para coches eléctricos pequeños
Se crea una nueva subcategoría de turismos eléctricos (M1E), limitada a vehículos de hasta 4,2 metros de longitud, dentro de la iniciativa de “Small Affordable Cars”. Para esta categoría, la Comisión se compromete a congelar los requisitos regulatorios durante 10 años, aportando estabilidad y previsibilidad a fabricantes e inversores.
La definición armonizada de “coche eléctrico pequeño” permitirá a los Estados miembros y a las autoridades locales diseñar con mayor facilidad incentivos fiscales y no fiscales, como ayudas a la compra, exenciones fiscales, descuentos en peajes, tarifas de aparcamiento diferenciadas o ventajas en el acceso a zonas urbanas.
Además, se introducen “supercréditos” para estos coches. Contarán como 1,3 unidades en lugar de 1 de cara al cumplimiento de los objetivos de CO₂ de los fabricantes, lo que supone un estímulo adicional para su producción y comercialización.
Para ofrecer mayor previsibilidad a los fabricantes, también se introduce un mecanismo de cumplimiento plurianual entre 2030 y 2032, que permite compensar un exceso de emisiones en un año si se logra una reducción superior en otro del mismo periodo.
Las grandes empresas obligadas a electrificar sus flotas
Otra de las piezas centrales de la propuesta es la regulación sobre los vehículos de empresa.
En concreto, a partir de 2030, los Estados miembros deberán garantizar que un porcentaje mínimo de las flotas de grandes empresas sean de cero o bajas emisiones, con un subobjetivo específico para los vehículos de cero emisiones puros.
Estos objetivos no serán uniformes y variarán según el PIB per cápita de cada país.
Además, los Estados miembros no podrán ofrecer incentivos financieros para la compra, alquiler o uso de vehículos corporativos que no sean de bajas o cero emisiones y fabricados en la UE.
Ahorro administrativo
A través del denominado Automotive Omnibus, Bruselas reduce sustancialmente algunas cargas administrativas y de cumplimiento normativo para la industria del automóvil. Este paquete de simplificación permitirá al sector ahorrar cerca de 706 millones de euros anuales en costes administrativos. En conjunto, las distintas iniciativas de simplificación presentadas por la Comisión elevarán el ahorro total estimado a 14.300 millones de euros al año.
Menos trámites para las furgonetas eléctricas
Una parte relevante de estas medidas afecta directamente a las furgonetas eléctricas, uno de los segmentos con mayores dificultades en la transición eléctrica:
- Los Estados miembros podrán eximir a las e-vans de entre 3,5 y 4,25 toneladas dedicadas exclusivamente al transporte nacional de la obligación de instalar tacógrafos inteligentes, equiparándolas así a sus equivalentes diésel.
- Estas mismas furgonetas eléctricas (clasificadas como N2) quedarán exentas de los dispositivos de limitación de velocidad, eliminando una desventaja frente a las furgonetas diésel N1.
Estas modificaciones buscan reducir costes de adaptación, eliminar incertidumbres derivadas de interpretaciones nacionales divergentes y facilitar la adopción de vehículos eléctricos en el transporte ligero.
Cambios en Euro 7
El Omnibus introduce también ajustes en el marco Euro 7. Entre ellos destaca la supresión del ensayo de laboratorio a baja temperatura (Type 6).
Además, se simplifican los procedimientos de homologación al pasar de “tipos de vehículo” a “categorías de vehículo”, y se impulsa el desarrollo de sistemas avanzados de monitorización del consumo de combustible y energía eléctrica, con una infraestructura de datos común que permita aprovechar mejor esta información.
