El objetivo es sustituir progresivamente la flota móvil de todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña y de su sector público por vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental de cero emisiones, empezando por los vehículos de representación hasta llegar al transporte público colectivo de personas. Actualmente, la flota del gobierno catalán está compuesta por unos 6.000 vehículos.
El segundo objetivo es ampliar y mejorar la red territorial de puntos de recarga de vehículos eléctricos en todos los edificios administrativos de la Generalitat y, en última instancia, en la red viaria y urbana de Cataluña, de forma que se garantice el servicio a las líneas de transporte público interurbano de la Generalitat.
El proyecto prevé dos ámbitos de actuación que se implementarán progresivamente en cuatro fases y durante un período de 4 años.
En 2024 se prevé iniciar la renovación de todos los vehículos de representación de los departamentos de la Generalitat y una parte de su sector público por vehículos eléctricos o, en casos justificados por razones técnicas y operativas, por otros con etiqueta ambiental de cero emisiones.
Aquí se incluye todo el parque móvil que actualmente gestiona la Comisión Central de Suministros, órgano de contratación de bienes y servicios comunes adscrito al Departamento de Economía y Hacienda, que se encarga de licitar periódicamente la contratación centralizada de vehículos de las distintas consellerias y otros organismos, como la Agencia Catalana del Agua, la Agencia Catalana de Residuos, el Incasol o el Servicio Catalán de Tráfico, entre otros.
En paralelo, la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña (Infracat), bajo la dirección y coordinación del Departamento de Territorio y el Institut Català de l´Energia (Icaen), instalarán puntos de recarga en todos los edificios administrativos.
