El Real Decreto 7/2026 publicado el sábado no sólo contempla rebajas en el precio del carburante sino que refuerza la Ley de Movilidad Sostenible al obligar a las empresas a implantar planes de movilidad al trabajo en un plazo de 12 meses.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha introducido una modificación clave en la aplicación de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible: la implantación obligatoria en el plazo máximo de 12 meses de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMT) en empresas con centros de trabajo de más de 200 empleados (o 100 por turno.)
El cambio, incluido en el real decreto publicado este sábado, supone un paso más en la exigencia normativa hacia las empresas, al convertir estos planes en un requisito no solo regulatorio, sino también económico.
Obligación en 12 meses para centros de más de 200 empleados
Esta obligación se extiende también al sector público estatal y podrá ampliarse a otras entidades públicas en función de las decisiones de las administraciones competentes en movilidad.
El nuevo redactado del artículo 26 detalla con mayor precisión el contenido mínimo de estos planes, que deberán incorporar soluciones concretas de movilidad sostenible. Entre ellas, se incluyen medidas como el impulso de la movilidad activa, el uso del transporte colectivo, la promoción de vehículos de bajas y cero emisiones, así como soluciones de movilidad compartida o colaborativa.
Además, los planes deberán contemplar aspectos como el teletrabajo cuando sea posible, la facilitación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y la mejora de la seguridad vial en los desplazamientos laborales.
Los planes no solo deberán tener en cuenta a los empleados, sino también a visitantes, proveedores y cualquier persona que acceda al centro de trabajo, ampliando así su alcance operativo.
Asimismo, deberán alinearse con los planes de movilidad de los entornos urbanos en los que se ubiquen los centros de trabajo y podrán incluir medidas de compensación de la huella de carbono en aquellos desplazamientos donde no sea posible reducir emisiones.
Condición para recibir ayudas públicas
Además de recortar el calendario de aplicación, la principal novedad introducida por el real decreto es que el cumplimiento de esta obligación pasa a estar directamente vinculado a la recepción de ayudas públicas.
En concreto, el texto establece que las empresas que sean beneficiarias de ayudas directas —como las bonificaciones al carburante aprobadas en el mismo decreto— y estén obligadas a disponer de un plan de movilidad, deberán cumplir con este requisito. En caso contrario, se verán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas, lo que introduce un mecanismo de control y cumplimiento mucho más exigente que en marcos normativos anteriores.
De recomendación a obligación
Con esta modificación, los planes de movilidad sostenible al trabajo dejan de ser una recomendación o buena práctica para convertirse en una obligación con consecuencias económicas directas.
El nuevo marco marca un punto de inflexión para las empresas españolas, especialmente para aquellas con grandes plantillas o alta movilidad, que deberán adaptar sus políticas en un plazo relativamente corto si quieren mantener el acceso a ayudas públicas y evitar sanciones indirectas.
